Esa percepción de ineficacia la recibió el gobierno de Alfonso Durazo que se dispuso a revertir la situación de violencia con metas muy puntuales y un nivel de exigencia grande en el sistema de justicia. Durante sus primeros días de gestión el mismo gobernador dio a conocer el rezago en acciones de investigación y en órdenes de aprehensión para establecer compromiso de cambio y de mejora en ese rubro que representa un eslabón clave de la cadena de esfuerzos para alcanzar un estado de seguridad. Un año después, la fiscalía sonorense se convierte en una de las mejores calificadas del país, al lograr el primer lugar nacional en judicialización de carpetas de investigación y el primer lugar en sentencias condenatorias, con lo que el mandatario estatal cumple con una de las promesas iniciales de su sexenio para demostrar que sí se puede ser eficiente con honestidad y mucho trabajo de campo. Con esos resultados positivos vendrán otros desafíos a vender como la dilación en investigaciones por delitos patrimoniales y la atención a denunciantes tal vez con más unidades en municipio o con nuevos mecanismos para reducir la sobrecarga en las oficinas de la fiscalía, problemas que debieron haberse resuelto hace más de una década pero se quedaron como un pesado pendiente que nadie dio solución hasta que llegó la cuarta transformación y será a este gobierno al que le corresponda dar respuestas a la ciudadanía. Porque finalmente por eso es que Durazo se ganó la confianza de la gente, porque ofreció hacer lo que otros no hicieron, prometió resolver problemas y atender las demandas olvidadas por el viejo régimen y hoy, a unos días de su informe, el gobernador puede reafirmar con números que cumplió los propósitos del primer año en materia de procuración de justicia y en otras áreas en las que se logró avanzar para iniciar un proceso de cambio que apenas comienza en el estado de Sonora.