Lo más común es registrar afectación por baches o alcantarillas descubiertas o sufrir incidente vial en zonas donde no hay señalamientos, ahí el gobierno debe actuar bajo reglas fijadas por ellos mismos y con dinero de una partida especial asignada por el Cabildo dentro del presupuesto anual en cada municipio. Eso no se ha hecho en la gran parte de las localidades de Sonora porque no les conviene ni siquiera difundir la Ley existente desde hace varios años y menos cubrir los daños generados por la falta de acciones para rehabilitar vialidades ante un deterioro que llega a ser preocupante.

El colmo fue que en Guaymas el Cabildo aprobó un acuerdo con el cual se declara improcedente la propuesta para establecer lineamientos sobre la reparación de daños en caso de responsabilidad civil, con lo que violaron la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el reglamento interior del Ayuntamiento.

Para empezar, fue la comisión de infraestructura la que promovió ese documento sin tener injerencia en el tema amparados en que la Ley ya existe y no van a actuar por encima de ella, criterio absurdo cuando la misma normatividad los obliga a dejar claras las reglas para responder a los reclamos de la gente por los baches.

Todo fue un pretexto para no hacerle frente a gastos producidos por su propia negligencia en el rezago de obras públicas y con esa omisión faltan a sus obligaciones legales como representantes del pueblo. Pero, si no quieren pagar por daños tan sencillo como que se apliquen en la rehabilitación de calles, instalación de señalamientos y trabajos de balizamiento así la ciudadanía no va a sufrir daños como ahora por los baches que abundan en la ciudad.